Por Iván Benumea*

El pasado viernes 11 de noviembre, la Cámara baja aprobó el presupuesto federal para el 2023. El Legislativo realizó algunos ajustes a la propuesta original de la Secretaría de Hacienda, pero en el fondo hizo poco para resolver uno de los principales problemas de nuestro sistema fiscal: la falta de recursos públicos para garantizar los derechos humanos y reducir las desigualdades.

A diferencia de otros años, cuando fueron aprobados diferentes mecanismos para reducir la evasión y la elusión fiscal, en 2023 nuestras leyes tributarias se implementarán sin cambios significativos. El SAT será otra vez la dependencia encargada de combatir las malas prácticas y fiscalizar a las grandes corporaciones, pero con un recorte presupuestario del 15 por ciento, su tarea se verá seriamente limitada.

En contraste, los privilegios fiscales para los hombres más ricos seguirán vigentes, y, por lo tanto, los recursos que podrían destinarse hacia nuestro sistema de salud continuarán en los bolsillos de quienes no los necesitan. De hecho, en lugar de afectar los intereses de quienes más tienen para así incrementar los recursos disponibles para los derechos humanos, el legislativo aprobó una reforma a la Ley Federal de Presupuesto que le permitirá a la SCHP deshacerse de activos financieros (o sea, de sus ahorros y riqueza) para financiar el Fondo de Estabilización de Ingresos Presupuestarios, un fondo al que es posible recurrir cuando se recauda menos de lo que se presupuesta.

Puesto que incrementar la carga fiscal de quienes más tienen no es una prioridad del Estado, el presupuesto fue aprobado bajo la misma lógica de otros años. Los programas y proyectos prioritarios tendrán incrementos y recursos garantizados, pero otras áreas relacionadas con los derechos humanos continuarán teniendo pocos o menos recursos.

Por ejemplo, el gasto en salud continuará estando por debajo de los 3 puntos del PIB, lo cual nos coloca muy por debajo de los estándares internacionales. De igual forma, el gasto para enfrentar la crisis forense seguirá siendo insuficiente para lograr la identificación de más de 52 mil cuerpos. Otros rubros que dispondrán de pocos recursos son el combate a la crisis climática y el derecho a la cultura.

En lugar de exigir más presupuesto en favor de los derechos humanos, lamentablemente el Poder Legislativo continúa siendo un actor secundario en una de las discusiones más importantes del país. Para corregir este problema, es fundamental garantizar el derecho a la participación ciudadana durante la formulación y aprobación del presupuesto público, lo que requiere reformar la manera en que hoy funciona la figura del Parlamento Abierto.

Nuestro gasto público continúa estando muy por debajo de lo que necesitamos, pero al igual que en años pasados, el Estado prefirió recurrir a otras alternativas para mantener las finanzas estables, en lugar de elevar la carga fiscal de quienes concentran el poder económico y político en nuestro país. La realización progresiva de los derechos humanos implica asignar más recursos presupuestarios, garantizando la participación ciudadana y rendición de cuentas. Esta tarea es una obligación del Estado mexicano que el Poder Legislativo no debería olvidar.

* Iván es coordinador del programa de Justicia Fiscal de @FundarMexico

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Centro de Análisis e Investigación, para la capacitación, difusión y acción en torno a la democracia en México.

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